En Colombia no desfallecemos en medir el índice de transparencia de las entidades del Estado, como ejercicio de control social que identifica los espacios donde los débiles diseños institucionales le dejan espacio a la corrupción. Los resultados siguen siendo malos, dice Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
Las contralorías regionales, cuya misión principal es controlar el manejo eficiente y pulcro de los recursos de los entes territoriales, tienen más alto riesgo de corrupción que sus vigilados. Esa es la conclusión del último informe de Transparencia por Colombia a 28 ciudades capitales, 13 municipios pequeños, 32 gobernaciones y 32 contralorías.
Los resultados resultan preocupantes, más ahora cuando el país intenta caminar hacia la transición y se habla, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, de la creación de nuevas instituciones que se encargarán de ejecutar programas para la consecución de la paz en Colombia. Si las que hay no juegan totalmente limpio ¿cómo será las que vienen?
Las cifras del informe son vergonzosas. Las contralorías departamentales obtienen un promedio general de 55 sobre 100. Es decir que el 56% de esas entidades del orden departamental se encuentran en nivel alto y muy alto de riesgo de corrupción. De hecho solo dos contralorías logran un nivel moderado de riesgo, es decir que pasan raspando. Son ellas, Huila y Meta.
